En 1860 y 1861, Tomás Cipriano de Mosquera encabeza la guerra civil, una más, para derrocar la hegemonía conservadora de Mariano Ospina Rodríguez, quien aspira a imponer como su sucesor en la presidencia a Julio Arboleda, su aliado caucano, “señor de Popayán, terrateniente, minero, esclavista, político y también militar como el propio Mosquera” (Víctor Daniel Bonilla: Historia política de los paeces, 1977, p. 21).
Entre los contendores de turno, los indígenas paeces de Pitayó y Jambaló ven su principal enemigo en Arboleda, quien se había apoderado de sus tierras, Así, resuelven unirse a las huestes de Mosquera, prestando en ellas “valiosos servicios”. Esta alianza política da sus frutos para los paeces cuando Mosquera, una vez derrocado Ospina en julio de 1861, expide el siguiente poco conocido Decreto:
Decreto del 30 de enero de 1863, que concede ciertos terrenos a los indígenas de Pitayó y Jambaló.
Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de los Estados Unidos de Colombia y supremo director de la guerra etc...
Considerando:
1º Que los indígenas de Pitayó y Jambaló, en el Estado Soberano del Cauca, han prestado servicios importantes a la causa durante la lucha que acaba de pasar.
2º Que el Gobierno ha dispuesto se recompense, especialmente, los servicios de las tropas caucanas y tolimenses que principiaron la campaña que terminó el 18 de julio de 1861.
3º Que los indígenas de Pitayó y Jambaló nunca reconocieron al señor Julio Arboleda como propietario de las tierras que dicho señor compró a los señores Mariano Tejada y Raimundo Angulo, porque los expresados indígenas tampoco reconocieron en estos el derecho de esas tierras, sosteniendo siempre el que creen tener a ellas.
4º Que cualesquiera que sea el origen de la propiedad sobre esas tierras, debiendo responder Julio Arboleda a la nación por los muchos males que ha causado, y habiendo servido con tantas constancias y provecho a la causa federal los indígenas de Pitayó y Jambaló, que han dispuesto de antemano la propiedad de las tierras de que se trata.
Decreta:
Art. 1º Exprópianse por cuenta de la Nación las tierras ubicadas entre Pitayó y Jambaló y que el señor Julio Arboleda compró a los señores Mariano Tejada y Raimundo Angulo.
Art. 2º El Gobernador del Estado Soberano del Cauca dispondrá la mensura de dichas tierras y su división por lotes iguales, teniendo a la vista una relación nominal de los indígenas de Pitayó y Jambaló, para que le toque a cada uno un lote, al cual tienen también derecho las familias de los que hayan muerto en servicio activo o después.
Art. 3º Los agraciados por el presente Decreto y la primera generación que los suceda no podrán enajenar, ceder ni traspasar sus derechos, para que subsistan de su trabajo con independencia.
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Art. 5º Los gastos que se causen por lo dispuesto en este Decreto serán a cargo del Gobierno General.
Dado en Rionegro, a 30 de enero de 1863. Tomás Cipriano de Mosquera. El Secretario de Guerra y Marina, Andrés Cerón -El Secretario de Hacienda, Julián Trujillo -El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, José María Rojas Garrido” (Citado en Roque Roldán Ortega: Antecedentes históricos del Resguardo de Jambaló, Cauca, 1974, pp. 21-23).
Gracias a una alianza política
Algunas conclusiones podemos sacar de este Decreto. La más importante de ellas es la plena prueba de que en una fecha tan tardía como 1863 los paeces continuaban reivindicando la propiedad de las tierras de Jambaló y de que jamás habían reconocido a otros tal propiedad. Esta es, en consecuencia, más ratificada que realmente otorgada por medio del Decreto de Mosquera.
También nos muestra la existencia de una política páez encaminada a la defensa y recuperación de sus tierras de resguardo, la cual les permite hacer claros análisis de las fuerzas en pugna en el campo colombiano y realizar alianzas políticas con uno u otro sector de ellas para conseguir sus propias metas. Es así como la alianza con Mosquera en contra de Arboleda les devuelve las tierras apropiadas por éste.
Pero una cosa es que Mosquera responda a las condiciones de esta alianza concreta y otra sería pensar que es un amigo y defensor de los indios. Al contrario, el mismo Decreto establece que las tierras les sean entregadas en forma individual, pudiendo ser enajenadas después de dos generaciones. Se trata pues, a no muy largo plazo, de integrar a los paeces destruyendo su “comunidad” basada en la propiedad comunal de la tierra a través del Resguardo. Además, es bien conocido que Mosquera era también gran terrateniente, poseyendo haciendas en tierras arrebatadas a otros indígenas, como es el caso de Coconuco, sitio central de las celebraciones de su Centenario.
Cien años de injusticias
Hoy, en 1978, más de 100 años después del Decreto de 1863, los paeces de Jambaló continúan en fiera lucha por la defensa de sus tierras. En un país en donde se glorifica la memoria de los poderosos del pasado, se continúa negando el derecho a la existencia de los humildes y echando sus nombres al olvido. Mientras se recuerda a Mosquera con gran pompa, nadie recuerda a los paeces muertos en defensa de su causa. Ni a los que mueren aún hoy por el “delito” de trabajar las tierras otorgadas por Mosquera.
El pasado 31 de agosto, en medio de la oscuridad de la noche, pájaros al servicio de los terratenientes Cifuentes de Jambaló sacaron a rastras de sus hogares a los dirigentes paeces de la comunidad Lisandro Caso y Marco Tulio Caso y los asesinaron a bala y machete en la vereda de Guayupe. Al día siguiente, sus compañeros encontraros los cadáveres en la finca Palestina. Dos nuevos nombres que vienen a engrosar la ya larga lista de los paeces asesinados recientemente por el mismo “delito”.
Desde hace varios años, el Procurador Agrario y el INCORA han reconocido el derecho de los paeces de Jambaló a su “municipio como Resguardo”. Acorde con ello, el Cabildo ha venido haciendo las respectivas adjudicaciones para el cultivo de la tierra a los miembros de la comunidad. Y estos, con base en ellas, las han venido ocupando y trabajando. Sin embargo, este derecho, y no podía ser de otro modo, no ha sido respetado por los terratenientes que ilegalmente se han apoderado de las tierras indígenas y han combinado la amenaza con el asesinato para tratar de desalojar a sus legítimos dueños, los paeces, o conseguir que el INCORA les compre la tierra para entregarla a estos. Tarea en la cual ha sido frecuente la complicidad de las autoridades de Jambaló, motivando nuevas intervenciones del Procurador Agrario.
Los paeces de Jambaló son una parte de la gran población india del Cauca, víctima como ellos de los terratenientes y demás explotadores y opresores. Y que, como ellos, lucha desde hace ya más de 440 años contra los intentos de españoles y colombianos por destruirlos totalmente.
Este argumento: “la alta población indígena” del Cauca, ha sido una de las razones acogidas para organizar en Popayán el Primer Congreso Nacional de Antropología entre el 8 y el 12 de octubre, como parte importante de las celebraciones del Centenario de Mosquera. “Se escogió la ciudad de Popayán como sede de este congreso porque... es la capital de un departamento de alta población indígena...” (Edgardo Cayón Armella, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca, en “La antropología llegó a Colombia ‘mayor de edad’”, El Tiempo, 2/X/78, p. 2-A). Pero sin que se plantee la necesidad de que el Congreso redunde en beneficio de estos indígenas y se constituya en tribuna de denuncia de los atropellos y asesinatos que, como el de Lisandro y Marco Tulio Caso, se cometen a diario contra ellos.
Al contrario, no se vacila en afirmar que si los indígenas van al Congreso “a molestar... habrá que sacarlos porque el paternalismo tampoco da para tanto” (Edgardo Cayón en la reunión en el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia para explicar detalles sobre el Congreso).
¿Quiénes son los participantes en el Congreso Nacional de Antropología? Antropólogos nacionales y extranjeros, investigadores y otros profesionales de las Ciencias Sociales, misioneros, capellanes, arqueólogos, gnósticos, guaqueros, profesores y estudiantes de antropología, etc. Todos ellos bajo los auspicios de “la empresa privada, Colcultura, el Icfes, el Banco de la República, departamentos de antropología de las universidades y la Asociación Colombiana de Antropología” (El Tiempo, loc. cit.), así como algunas agencias de turismo.
¿Qué realiza el milagro de asociar en un mismo interés a personajes e intereses tan disímiles? De ninguna manera el interés de los indígenas y sectores del pueblo colombiano que constituyen el “objeto de estudio” de tales personajes, los nuevos brujos de la sociedad, sino el de la ciencia. Con la premisa de la máxima objetividad científica, de los intereses supremos del conocimiento científico se ha logrado por fin la reunión del agua y del aceite, de los “defensores” y de los enemigos de los indígenas, de sus destructores y de quienes denuncian su destrucción. “Es que una cosa es la política y otra la ciencia”.
“En una sociedad fundada en la lucha de clases, no puede haber una ciencia social ‘imparcial’. Toda la ciencia oficial y liberal defiende, de una manera u otra, la esclavitud asalariada...” (Lenin: "Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo). Los comentarios sobran.
No habrá conclusiones que reivindiquen los derechos de los indígenas y del pueblo colombiano frente a sus explotadores, pero sí “estudios científicos de las sociedades tribales... que encaren la realidad con la máxima objetividad... que no desborden la capacidad de los organismos que van a poner en práctica esa política”, además de que permitirán ahorrar “los ingentes gastos económicos que ocasionaría el aplacamiento de la resistencia indígena, como lo demuestra el caso de Planas” (Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia: "Anteproyecto 'Hacia una política indigenista'", s. f., pp. 1 y 7).
Además de ventilar en un lenguaje esotérico (o quizás no) “la problemática de las políticas integracionistas, el desarrollo de los indígenas sin su asimilación”, etc.; así como los problemas internos del “gremio antropológico”: la docencia en antropología, la crisis del Instituto Colombiano de Antropología. Todo ello acompañado con uno que otro viaje a Silvia, Coconuco y otros sitios para conocer de cerca a los “objetos” de estudio.
En tanto, en Jambaló y en el resto del Cauca, los indígenas se organizan mejor y asimilan las experiencias anteriores para seguir adelante.
Mosquera está muerto y es conmemorado; los brujos se reúnen en Congreso; ¡Los indios luchan!
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