Las nacionalidades indígenas del suroccidente de Colombia no han dejado de luchar contra los intentos de someterlos, primero por los conquistadores españoles, luego por las clases dominantes durante la colonia y la república. En el último siglo, hay que destacar principalmente: la lucha contra el terraje, que encabezó Manuel Quintín Lame entre 1915 y 1925, lucha continuada por los terrajeros desde 1935 y retomada con más fuerza, en los años 60, por guambianos y paeces; la época de los años 30 y 40, con las Ligas Campesinas, creadas con participación del Partido Comunista; y la lucha encabezada por el Sindicato de Agricultores del Oriente Caucano.
No se ha tratado de luchas aisladas, pues en numerosas ocasiones y de diversas maneras han recibido el respaldo solidario y amplio de sectores de la sociedad colombiana.
Aun así, a mediados del siglo pasado, en los departamentos del Cauca y Nariño, los pobladores indígenas, en su gran parte, se encontraban sometidos todavía a la institución colonial del terraje, que los convertía en verdaderos siervos feudales en pleno siglo XX. Luego de despojarlos ilegalmente de las mejores tierras de sus resguardos, los terratenientes los mantuvieron dentro de sus haciendas, pues de otra manera no hubieran contado con la mano de obra necesaria para trabajarlas. Para ello, dieron a cada familia un pequeño pedazo de tierra para que hiciera su rancho y sembrara algunos cultivos de pancoger, a cambio de lo cual debía pagar un “arriendo” consistente en trabajar gratuitamente para la hacienda durante un determinado número de días a la semana. También las mujeres debían trabajar sin pago en las labores de la casa de la hacienda, en especial como cocineras, cuando los hacendados se encontraban en ella. Los menores también pagaban terraje, pero un día de trabajo suyo valía solamente por medio día de un adulto.
No se trataba solamente de las relaciones de producción del terraje, sino que los terrajeros estaban totalmente sometidos a la autoridad política del terrateniente y sus mayordomos, quienes los obligaban a votar por los candidatos del hacendado, cuando no por este mismo; y a la autoridad de la iglesia católica, que jugaba un papel de gran peso en su sojuzgamiento.
Ideológicamente esta situación estaba sustentada en las firmes convicciones de dirigentes políticos de la época sobre la innata inferioridad de indios y negros que poblaban el país y la de sus respectivos cruces o mestizajes y que, incluso, llegaron a proponer la venida de contingentes arios desde Europa, para “mejorar la raza”, como lo plantearon, por ejemplo, el conservador Laureano Gómez y el liberal Luis López de Mesa.
Decididos a no soportar más esta situación, en febrero de 1971, en Toribío, Cabildos del norte y oriente del Cauca, el Sindicato de Agricultores del Oriente Caucano, ligado a FANAL, el Comité de Recuperación de Tierras de Silvia y la Federación Social Agraria de Corinto, se reunieron para crear el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, organización novedosa que aglutinaba a las autoridades indígenas de cada región. En septiembre del mismo año, se realizó en La Susana, Tacueyó, el Segundo Congreso, al que llegaron 2.000 indígenas; además, delegaciones del sur y del centro del Cauca y de asociaciones de usuarios campesinos de Silvia, el Comité de Agricultores Indígenas de Puracé y una delegación de parcialidades del Tolima. Allí se definieron los puntos del programa y se retomaron enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame.
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