EL RESGUARDO DE SAN ANTONIO DEL CHAMÍ
En la región de San Antonio existió hasta finales del siglo XIX un resguardo indígena del cual poco se sabe.
La información para este trabajo la obtuvimos del informe que hizo en marzo de 1924 una comisión del Gobierno Departamental de Caldas, que visitó la región con el fin de delimitar el área (4.000 Has.) para el establecimiento de una colonia penal, la cual se radicó finalmente en Santa Cecilia, Pueblo Rico. Esta comisión encontró una numerosa población indígena en San Antonio, en donde hoy sólo quedan 12 familias.
“La población indígena es de unos 1.500 a 2.000 indios repartidos en varias veredas, en donde están las escuelas, y el resto de la población en proporción muy reducida lo forman racionales, con pequeñas fincas y sementeras de maíz, cacao, caña, plátano; el último cultivo siendo de poca prosperidad” (Alonso Restrepo: Informe de la Comisión sobre la colonia penal, Gobernación de Caldas, Pueblo Rico, marzo de 1924, p. 7).
Respecto al Resguardo de San Antonio del Chamí, el informe dice lo siguiente:
“[LA COMISIÓN] … tiene informes que dichos terrenos fueron rematados y repartidos después de liquidada la parcialidad indígena del CHAMÍ, en la población de Río Sucio y la escritura registrada en Nóvita, antes de la Guerra de 1899; los propietarios de estos terrenos venden con frecuencia lotes y se cree que tratan de hacerlos prescribir con el tiempo” (p. 7).
Al proponer la región como el área más indicada para la colonia penal, la comisión indica que:
“Se tropieza allí con el inconveniente que pudieran presentar las sociedades rematadoras en Río Sucio y Anserma, compañías que dicen ser propietarias, por remates provenientes de una deuda contraída con el señor RAFAEL NAVARRO por trabajos que en el viaje que este señor hizo y gastos efectuados por el mismo, en busca de los títulos que el Virrey español había expedido en favor de los indios de Arrayanal y de Chamí a Nóvita y Quibdó, que no se los pagaron los indios, razón por la cual Navarro ejecutó al Cabildo de los indios de Río Sucio, remate que se efectuó en tres lotes y que se adjudicaron al señor ALEJANDRINO PALOMINO, como Rematador”.
TENENCIA DE LA TIERRA
La tenencia actual de los indígenas Chamí es el resultado de un largo proceso de descomposición de la comunidad indígena. Proceso que ha implicado fundamentalmente la expropiación violenta de la tierra, y en consecuencia sus efectos desintegradores sobre la cultura del grupo, un acelerado empobrecimiento de las familias y la proletarización de sus miembros.
A la llegada de los españoles, los indígenas chamí, tradicionalmente pescadores, cazadores y recolectores, se hallaban en el comienzo de una economía agrícola basada en la producción del maíz. La organización económica y social del grupo correspondía a una estructura comunitaria en la que la propiedad y el usufructo de la tierra, así como su utilización y cultivo, eran comunales. La distribución de los productos del bosque se hacía en forma igualitaria y colectiva.
Con la penetración conquistadora de los españoles hacia el occidente, en la primera mitad del siglo XVI (Belalcázar en 1536, Juan de Badillo en 1538, Robledo en 1539) se dan los primeros contactos entre “blancos” y chamí. La violencia de los conquistadores introduce los primeros gérmenes de destrucción de la organización social de los indígenas, se asesinaron pueblos enteros (y así lo recogen algunas historias orales chamí), se establecen la encomienda y la mita minera obligando a los indígenas a abandonar los sitios tradicionales de asentamiento sobre la vertiente oriental de la cordillera y replegarse de nuevo hacia la región occidental.
Completarán este proceso la colonización antioqueña de finales del sigo XIX y la penetración a la región de desertores de las guerras civiles que iban en búsqueda de oro.
La organización tribual y el trabajo y el sustento comunitarios que le servían de base, dejaron de serlo, para dar paso a la diferenciación social y económica por grupos familiares y, en consecuencia, al debilitamiento del trabajo colectivo y de los lazos tribales. La propiedad y la producción por grupos familiares comienzan a dominar la economía indígena.
En la denominada época de la violencia, que tuvo su auge en las zonas cafeteras, sectores de población campesina se vieron en la necesidad de emigrar a zonas periféricas rurales o urbanas. En ese entonces, núcleos campesinos se trasladaron a la región chamí y se asentaron en las tierras de los indígenas con el criterio de que se trataba de tierras baldías; o arrebataron la tierra a sus legítimos dueño mediante engaños. Como consecuencia, se inicia en la región cierto auge de la propiedad parcelaria y se conforman algunos latifundios. Todas estas explotaciones se dirigen al cultivo y al comercio de productos agropecuarios para el mercado, en especial el café, dando lugar al predominio de una economía de dinero, que desde entonces se generaliza en la zona.
Al respecto, se hace necesario tener en cuenta la sentencia de la Sección III de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de junio 12 de 1972, que demuestra plenamente que las tierras de indígenas jamás pertenecieron ni a la Corona Española ni a la República, ya que jurídicamente siempre se reconoció la propiedad de las comunidades indígenas.
EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
Anotábamos anteriormente cómo la comunidad asentada en lo que hoy corresponde al corregimiento de San Antonio, y bajo el régimen del resguardo, fue desalojada al rematarse sus tierras. Desde entonces, la colonización avanza hacia el occidente cubriendo la margen occidental de la cordillera, donde los colonos practican una agricultura de ladera, a semejanza de la que se realiza en sus sitios de origen.
Se podría señalar allí un proceso de asentamiento caracterizado por la implantación sucesiva de tres tipos de unidades económicas, a saber: 1) la explotación maderera (en pequeña escala en la región), 2) la conformación de unidades parcelarias predominantemente de subsistencia, y 3) las grandes propiedades o haciendas.
Este proceso conlleva la expropiación de las tierras de los indígenas y una concentración de la propiedad, ya sea a expensas de las parcelas indígenas directamente, o de las de los colonos parcelarios. En una segunda etapa, al asentamiento del colono parcelario o “fundador” sigue generalmente la formación y consolidación de haciendas que precisan el desalojo del indígena y del colono, o su sometimiento a formas serviles de trabajo.
“En la primera etapa de introducción y desarrollo de la colonización, el grupo que juega un papel central en los contactos inter-étnicos es el pequeño colono, que entra directamente a “abrir” la selva, cuestionando la propiedad territorial de las comunidades indígenas… El colono típico, el “fundador”, se caracteriza por su origen rural, minifundistas, aparceros, peones agrícolas, que han sufrido desplazamientos a través de varias áreas, por su bajo nivel educativo, por la escasez de recursos económicos, o por sufrir la “expropiación” de sus medios de producción. En general, ha sido expulsado de zonas que presentan gran concentración de la propiedad rural, un alto índice de desempleo y una alta presión sobre la tierra…” (Myriam Jimeno: “Las relaciones colono indígenas”, Universidad del Quindío, Seminario, noviembre de 1974).
En la región chamí, podríamos afirmar que en lo fundamental existen ya las bases de una economía relativamente consolidada de colonos parcelarios, y que la concentración de la propiedad, con la conformación de haciendas ganaderas y cañeras, crea ya las condiciones internas para que, por el desplazamientos de colonos e indígenas parcelarios de la misma región, se amplíe la frontera colonizadora.
Se podrían señalar tres tipos de colonos parcelarios en la región:
Un primer sector, caracterizado por su propósito de conformar pequeñas empresas agrícolas o de adecuar tierras incultas para su posterior venta. Cultivan fundamentalmente café, como producto comercial, maíz, plátano y fríjol, como productos de subsistencia, Y pastos para vacunos y mulares. Son en su mayoría colonos de origen antioqueño y caldense.
Un segundo sector de parcelarios lo conforman los barequeros de origen chocoano, dedicados al lavado de arenas auríferas del río Ágüita; practican la agricultura como complemento de la actividad minera y de la cual derivan parte de sus ingresos. Por el agotamiento de la minería, la agricultura tiende a convertirse en la principal o exclusiva actividad económica.
Un tercer sector lo conforman los parcelarios aserradores. Estos ocupan transitoriamente parcelas, mientras explotan las maderas valiosas de la región. Finalmente venden sus mejoras a otros colonos.
Las grandes propiedades o haciendas de la región están dedicadas a la ganadería, el café y la caña de azúcar. Podemos distinguir dos tipos de ellas:
Las haciendas de propietarios ausentistas, como Jeguada, Cantarrana, El Sinaí, etc., y las haciendas eclesiásticas, como el colegio de Purembará, de propiedad de la Curia Arquidiocesana, y los predios Santa Teresa, La Esperanza y Pechúgare, de propiedad de los Misioneros del Corazón de María.
Estas haciendas se han conformado por expansión sobre propiedades parcelarias de indígenas y colonos. Contrasta con su extensión el monto de sus avalúos catastrales; por ejemplo, el Sinaí, hacienda de propiedad de Alfonso Restrepo, tiene un área de 250 has. y un avalúo catastral de $110.000.oo, mientras que La Loma, de propiedad de Octavio Benítez, en la misma zona, con un área de 195 has., tiene un avalúo de $250.000.oo. La Esperanza y Santa Teresa, de propiedad de los misioneros y un área de 940 has., tiene un avalúo de $83.000.oo; otras de sus propiedades, como Pechúgare, que tiene una extensión de 587 has. contiguas a las anteriores, tiene un avalúo de $82.000.oo, e Itaurí, antiguo asentamiento indígena, también de su propiedad y con 450 has., está avaluado en $270.000.oo .
El tipo de economía practicado por las comunidades indígenas se desarrolla en medio de profundas contradicciones con la colonización. Paulatinamente, con el avance de las nuevas relaciones, con la generalización del trabajo asalariado, la comunidad indígena pierde su carácter, comienza el predominio del régimen de explotación parcelaria y muchos indígenas empiezan a servir en calidad de aparceros y asalariados de colonos, misioneros y hacendados.
“El desarrollo del trabajo asalariado recorre varias etapas, desde aquella inicial en que el indígena posee tierras que no son suficientes y entonces trabaja para obtener un ingreso complementario y lo hace en forma temporal, aunque de duración creciente, hasta aquél que, desposeído por completo, emigra de la zona y busca trabajo en otras regiones del país…”. Respecto a las formas serviles, existe “… una forma intermedia en la cual un terrateniente da en usufructo una pequeña parcela al indígena, a cambio de la obligación de este y de su familia de trabajar para él la mayor parte del tiempo. Aquí, la parcela es pretexto fácil para que el trabajo esté por debajo de su valor, en base a que se supone que el indígena deriva una parte de su subsistencia de la mencionada parcela” (Luis Guillermo Vasco: “El problema de la tierra en el Chamí”, Seminario, Nariño, 1973).
La medida del avance y la consolidación de la colonización, tal como lo señalamos anteriormente, es que los indígenas pierden su tierra.
La posesión del colono y del hacendado, en especial la dedicada a la ganadería, precisan de la expansión territorial. Para esto, el colono se vale del acaparamiento del bosque, declarándolo como propio. En las titulaciones hechas en la región es manifiesta la inadecuación que existe entre el área “adjudicable”, es decir, la adecuada más una tercera parte del bosque, y el área real en posesión de los colonos. Una hacienda puede conformarse por expansión, al desalojar a los colonos e indígenas parcelarios. Por ejemplo, Umacas, una de las mejores haciendas de la región, figura todavía en el catastro con 14 has. y un avalúo de $4.400.oo.
Las exigencias de la colindancia entre indígenas y colonos llevan a aquéllos al abandono de sus tierras; el no cercar con alambre de púas sobre los linderos, por su costo y por no representar para los indígenas ningún beneficio, ocasiona reclamos y litigios. Esto se aprovecha, además, para que mediante los daños que ocasionan vacunos y porcinos, los indígenas abandonen el lugar. Las limitaciones para el uso de “servidumbres” de caminos y por el uso de aguas son algo nuevo para el indígena.
Las prácticas agrícolas del colono, su destrucción casi total de los bosques, chocan con la agricultura indígena que, según ciclos más o menos largos de utilización de los suelos, procura su recuperación al dejar que se recupere la cobertura vegetal del área degradada. La palma de chontaduro, esencial en la dieta alimenticia de la población indígena, es cada vez más escasa y, de fruto silvestre de libre recolección, ha llegado a convertirse en un bien “escaso”, obtenible a veces sólo mediante el dinero o la contraprestación de servicios.
Las dificultades anotadas, además de las prácticas discriminatorias de los no indígenas, obligan a los chamí a desplazarse hacia lugares más lejanos e inaccesibles, y a entregar sus parcelas a cambio de algún bien de prestigio como un radio de pilas, un perro de caza, una escopeta, etc.
Por ejemplo: un hacendado de Canchívare, le cambió al indígena Ramón Restrepo la parcela por una vaca. Otro le permutó al indígena José María Tascón su parcela por una ternera y una escopeta. En nuestro trabajo de campo pudimos constatar cerca de 20 negociaciones de esta naturaleza.
Los propietarios de haciendas con frecuencia hacen uso de medios policivos para “aburrir” a los indígenas. Las demandas y citaciones por pequeños hurtos (famélicos), los cargos infundados, etc., todas ellas expresiones del poder de los no indígenas (llamados “blancos”, “racionales”), hacen que los indígenas evadan la vecindad de los colonos dejando sus parcelas abandonadas.
Las modificaciones económicas que ocurren en la región y que generalizaron los cultivos comerciales, en especial el café, al utilizar para tales cultivos, en menoscabo de los tradicionales, gran parte del área aprovechable, han hecho que los indígenas comiencen a depender para su subsistencia de la realización en dinero de sus productos y de la compra de alimentos en el mercado. Se han introducido así a la dieta alimenticia de la familia indígena productos hasta hace poco ajenos a su cultura, como el arroz, las papas, las sardinas enlatadas y otros. También se han vuelto indispensables productos como el petróleo para el alumbrado. A causa del incremento en los precios, algunos productos tradicionales, como el maíz, han comenzado a ser vendidos por los indígenas en los centros de comercio local: fondas, graneros y agencias.
El “adelanto” se ha convertido en algo corriente, en especial hacia el río Ágüita en donde los fonderos, al anticipar alimentos y ropa a los indígenas, los obligan a la venta forzada del oro.
La insuficiencia de las pequeñas parcelas para procurar recursos en dinero para la manutención familiar llevan a los indígenas a asalariarse en las fincas de los colonos, grandes propietarios, aserradores y misioneros. El trabajo al jornal o los contratos para realizar algunas tareas agrícolas se constituyen en la fuente principal de ingresos monetarios. Con su generalización, las parcelas se hacen secundarias y finalmente terminan en poder de los colonos y latifundistas.
Este proceso económico de expropiación-proletarización se afianza con la construcción de carreteras, como la del río San Juan, o caminos de herradura, como el de Puerto de Oro-El Colegio, que amplían las relaciones comerciales y facilitan la colonización. La panela, producto que fácilmente y a bajos precios se adquiría en la región, con la apertura y avance de la carretera sufrió un encarecimiento que afectó a la población indígena y campesina, al optar los dueños de trapiches por vender el producto en centros urbanos como Pereira y Anserma, estimulados por la ganancia adicional que podían obtener allí. La situación llegó a tal extremo que las autoridades municipales de Mistrató prohibieron, en algunas épocas del año pasado, la venta de panela por fuera de la región.
Este encarecimiento del costo de la vida y la generalización y dependencia de la economía del dinero llevan necesariamente a la proletarización creciente de los indígenas.
Pero no sólo este proceso económico incide en la difícil situación de la tenencia de la tierra de los chamí. Los colonos necesitan la utilización de créditos en pequeña escala. La falta de títulos como garantía hipotecaria ante las agencias de crédito, Caja Agraria principalmente, les impide obtener estos recursos. Sin embargo, en la región existen parcelas y fincas tituladas. La misma misión católica “Colegio de Purembará” impulsó la titulación de las parcelas de los indígenas. Por ser estas tierra de indígenas, por estar incluidas en la Reserva Forestal del Pacífico, la titulación se ha impugnado y suspendido. Esta situación ha hecho que las tierras tituladas se constituyan en un medio para la adquisición de créditos y en consecuencia que la presión sobre ellas sea mayor. En este sentido, podemos afirmar que la titulación ha consolidado la presión sobre la tierra. Además, esto ha contribuido a dar un carácter legal a las transacciones de tierras entre colonos e indígenas.
Los negocios entre colonos e indígenas generalmente se hacen mediante engaño. Esto ha obligado a la misión a presionar ante las autoridades locales la limitación de los negocios de tierras, sin lograrlo, pues estas mismas autoridades tienen tierras e intereses en la región, de tal manera que las medidas que han tomado son sólo manifestaciones formales, resoluciones que nadie conoce y acata, como la que a continuación transcribimos de la Inspección de Policía de Jeguada:
“El Inspector Departamental de Policía de Jeguada Mistrató, en uso de sus facultades y considerando que claras disposiciones vigentes, prohíben la negociación de los racionales inclusive entre indígenas, de ventas de tierras o mejoras a la raza indígena y las que hubieren sido efectuadas no tienen valor oficial… Resuelve primero, advertir a la ciudadanía que está prohibida la venta y cambios de tierras y mejoras tanto por parte de particulares con los indígenas, como entre los mismos…”.
En esta resolución se observa, además de cierta ignorancia en lo que respecta al intercambio de tierras entre indígenas al equipararlo con el que hacen con los colonos, el contenido racista de la denominación de racionales que da a los colonos por oposición a los indígenas.
Es de advertir que la fijación de la comunidad en unidades parcelarias o en calidad de aparceros o semiproletarios, conviene al proceso colonizador. Al respecto, recomendaba ya en 1924 la comisión que escogió el lugar para la instalación de una colonia penal: “… estos indios son un gran auxilio para los colonos a los cuales les trabajan a jornal reducido, en sus desmontes y siembras de pastos a cambio de mercancías como parumas, ropa hecha, herramientas, chaquiras y cobijas de lana”.
Algunos colonos con pretensiones latifundistas acostumbran a embriagar a los indígenas para obligarlos a aceptar documentos de compraventa desventajosos. Un expendedor de “guarapo” fermentado, luego de embriagar a varios indígenas, les compró sus propiedades por 200, 300 y 700 pesos respectivamente.
Utilizando este método, otros colonos intoxicaron con alcohol a sus vecinos indígenas colindantes, dando muerte a unos y ocasionándoles graves lesiones a otros.
Un caso de estos es importante de destacar como muestra de la ineficiencia de la administración de justicia en los problemas indígenas. El colono, antiguo fondero de Bequé, dio muerte con alcohol a los indígenas Antonio María Montoya, Rosendo Guasorna, Pablo Emilio Guasorna, Juan de Dios Tascón, Arcil Palacio y Joaquín Siágama. El Comité Pro-defensa del Indio de Pereira denunciaba en una pública declaración de octubre 27 de 1973, a pocos días de sucedidos los hechos, que: “El despojo de las tierras cultivadas por los indios CATÍOS por parte de ‘blancos’ y colonizadores que, a base de engaños, estafas y otros métodos obligan a entregársela a cambio de irrisorias sumas, generalmente entregadas en especies representadas en baratijas o animales domésticos de poco valor. Los mismos ‘blancos’ están pagando salarios con alcohol, lo que aumenta el peligro para la salud de los indígenas y viola claras normas del Código Sustantivo del Trabajo…”.
Y agrega la declaración: “… La indiferencia de las autoridades de todo, frente a este aniquilamiento progresivo de la comunidad CATÍA, más concretamente delante de la trágica muerte de las víctimas del alcohol puro, pues hasta el momento no se han promovido las investigaciones que, necesariamente, deben culminar con el establecimiento de responsabilidades y aplicación de las sanciones contenidas en la Ley” (El Diario, Pereira, octubre 27/73, p. 4).
El autor de este acto criminal, luego de una corta permanencia en la cárcel, quedó en libertad y hoy en día posee una gran propiedad en inmediaciones de la región indígena. Los abusos de las autoridades de la zona han llegado a tal extremo que un inspector de policía de Puerto de Oro, contraviniendo claras disposiciones legales, utilizaba forzosamente a los indígenas presos bajo su jurisdicción para trabajar en una finca de su propiedad. Otro inspector de policía en Jeguada estuvo comprometido en una estafa por adelantar en forma indebida y fraudulenta la titulación de baldíos.
Respecto a la titulación de baldíos se refiere el Director del Proyecto del INCORA en Pereira advirtiendo las posibles irregularidades cometidas con la titulación por parte de contratistas de la Caja Agraria, que adelantaban trámites y gestionaban créditos para cubrir los costos de la titulación. “La agencia de la Caja en Mistrató, de reciente instalación, ha planteado con alarma el hecho de que la cartera recibida por créditos de titulación, asciende en su zona a la cifra de doscientos mil pesos” (Oficio de septiembre 1º de 1972). En la actualidad, son muchos los colonos e indígenas que sin ver satisfecha su solicitud, luego de haber pagado por los trámites correspondientes, tienen deudas con la Caja Agraria. Por un título se pedía entonces una retribución de 1.600.00 pesos o su equivalente en ganado o productos. Se establecieron cadenas de intermediarios entre los abogados y los colonos. Finalmente, el INCORA ubicó en la zona una comisión de titulación para adelantar los trámites directamente. En junio de 1973, luego de que algunos sectores interesados en el problema indígena solicitaran la conformación de una Reserva, el Ministerio de Gobierno pidió al INCORA la suspensión de la titulación en el Chamí, a lo que accedió el Instituto luego de haber otorgado algunos títulos a los indígenas y colonos de Purembará.
Es importante anotar que la zona está comprendida dentro de la Reserva Forestal decretada por la Ley 2ª de enero 17 de 1959, sin que haya mediado su levantamiento para fines de titulación, además de contradecir lo dispuesto por la Ley 60 de 1916, cuyo artículo tercero “prohibe la adjudicación de terrenos baldíos ocupados por indígenas”.
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