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Era parte del surgimiento, en ese periodo,
de un nuevo tipo de política étnica y de identidad.1
(Eric Hobsbawm)
Cualquier proyecto étnico obliga a escoger o crear tal o cual lengua como nacional, agrupando a una población dispersa y disímil en torno a una, que sería la lengua del Estado.
La exaltación de una lengua y su oficialización, en medio de fervores nacionalistas como el de Europa a finales del siglo XIX, trajo consigo fenómenos como la educación masiva, la independencia de la lengua nacional u oficial, del idioma o dialecto cotidiano o íntimo y la formalización lingüística bilingüe. La consolidación étnica como nacionalidades, —la conciencia colectiva acerca de una historia y un territorio específico y común, que permitirá movilizarse como grupo frente a otras sociedades—, pasa entonces por el establecimiento de una lengua oficial y pública; y ante el avance industrial (que requiere de una instrucción mínima) y la burocracia sobre los ciudadanos (trámites y documentos), la educación escolar se constituye en la principal herramienta para el fomento e interiorización de la unidad nacional, por lo menos hasta la llegada de la televisión (Hobsbawm, 1989). De modo tal que la legalización de una lengua y su introducción en un aparato burocrático, como es la escuela, no responde a algún tipo de propuesta pedagógica, sino que revela la conformación de entidades políticas. (Hobsbawm; 2000).
El cambio de poblaciones por Pueblos en los convenios, no es una sutileza semántica. Detrás pareciera sobreentenderse la modificación del status político, que otorga a los otrora indios bases para intervenir las relaciones de poder en distintos ámbitos. Mientras en 1957 sus condiciones socio-culturales son el obstáculo, en 1989 esas condiciones son precisamente, las que garantizan su Desarrollo “autónomo” y armónico con el país y el mundo.
Para el Movimiento Indígena en el Cauca, la posibilidad de tener una educación acorde con sus modos de vida -en manos de religiosos hasta los setenta-, de formar profesores indígenas bilingües e impartir la educación en su lengua, se convirtió en una instancia supraétnica, complementaria a demandas de dignidad y recuperación de formas de vida, que incluía territorios, autoridad y pensamiento.
El reconocimiento de los Pueblos Indígenas como entidades políticas, genera multitud de actividades igualmente políticas, pero inmersas en el sistema mundial del momento:
La comprensión de la importancia de las lenguas vernáculas impulsa el proceso por el cual esas poblaciones —un poco fuera de control por la segregación y algo dispersas—, se convierten en Pueblos, con bordes definidos y remarcados, para lograr la conciencia étnica requerida por unos y otros. La lengua es uno de estos bordes, quizás el más importante, porque es ella la vía de expresión del pensamiento y del conocimiento propios.
Pero el ser “marcador étnico”, respaldar la utilización política de la identidad indígena, es sólo una de las posibilidades de la lengua o el vestido. Por esto, las movilizaciones indígenas también se dirigieron hacia el interior de las comunidades, hacia la recuperación de su memoria, de su historia y pensamiento, de su vestido, hacia estudiar su lengua y fortalecer su autonomía. Por esta razón, también, en los primeros años de las recuperaciones en Guambía surgieron símbolos propios de nacionalidades, como son el escudo y la bandera guambianas, y el himno guambiano, con letra de mama Bárbara Muelas y música de su hermano Pedro, antiguos terrajeros del Chimán.
Ahora bien, no fueron sólo las disposiciones OITales las que produjeron las justas retribuciones; el Movimiento Indígena fue la otra cara de la moneda. Fue la primera. Pero la victoria parcial e inconclusa del Movimiento Indígena, que pareció cristalizarse en 1991, no obedeció únicamente a ser una “Demanda [indígena] Entendida [autónomamente por el Estado colombiano]” (Gros, 2000: 172) (Los corchetes son míos). Estas demandas, además de ser entendidas, desde entonces han sido manipuladas y explotadas en favor del capitalismo global, eclipsando la ofensiva indígena y los derechos legítimos que nacen de su historia.
Ahora, es necesario considerar las causas y efectos de la figura mediática, que articula legítimamente procesos -antiguos o recientes- sobre los indígenas, con el interior del país.
EL ESTADO NACIÓN.
Sus contornos se estructuran entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando el funcionamiento de la entidad político administrativa —Estado—, coincidió con la convicción subjetiva y colectiva de la población -Nación-, en medio del avance industrial, la proletarización y la separación del poder político del religioso.
En América, la figura tiene características y posibilidades distintas, puesto que con la independencia debían superarse procesos coloniales que en realidad se multiplicaron.
El modelo de República en Colombia reprodujo política y administrativamente el sistema colonial (Jaramillo; 1984), con un proyecto de unidad política, de mestizaje, de centralización institucional, de unidad monetaria, religiosa e ideológica (Ibíd.), y de negación, supresión e incorporación étnica (Díaz Polanco; 1985), al sistema capitalista, a lo largo de las tres cuartas partes del siglo XX.
En la década del setenta, el rol del Estado Nación y del proyecto de Unidad Nacional se modificó a causa del avance tecnológico que dinamizó el mercado en espacios regionales antes excluidos —neoliberalismo— y mediante el reconocimiento de autonomías locales —descentralización—. Dos procesos contrarios en tanto que el Estado Nación, intervencionista y cerrado, abre sus fronteras a la entrada de los intereses internacionales y las regiones, remarcan sus bordes culturales; y semejantes porque si el Estado Nación se retira para dejar el paso libre al mercado internacional —libre comercio—, la exacerbación nacionalitaria indígena, es una herramienta política, que también busca empoderar el mercado.
NEOLIBERALISMO
Desde el s. XIX hasta la II Guerra Mundial, el sistema económico imperante -liberalismo clásico-, requirió de la intervención directa del Estado de Bienestar para regular, administrar y proteger los mercados y monopolios internos.
En la segunda posguerra, Estados Unidos reafirmó su poderío militar, económico y político, y comenzó a intervenir en la actividad financiera y mercantil del Tercer Mundo. El carácter de su intervención en las políticas económicas de estos países buscaba provocar el efecto contrario en ellos. Es decir, proteger, asegurar e impulsar el mercado norteamericano, liberándolo de la protección de las exigencias fiscales y administrativas que los Estados de Bienestar ejercían sobre sus mercados internos (Vargas; 1999).
El BM y el FMI fueron los agentes de este cambio estructural, pues la apertura económica, se convirtió en la principal condición para otorgar nuevos préstamos y apoyo. Esta apertura significó que los mercados internos regionales comenzaran a relacionarse directamente con el capital financiero y mercantil internacional, sin la mediación de las incómodas e inconvenientes exigencias laborales, tributarias y arancelarias de los Estados interventores (Ibíd.). La Invasión por Inversión.
Las políticas económicas nacionales salvaguardan la actividad mercantil y financiera internacional, la defienden y admiten el dominio político de las compañías multinacionales de Estados Unidos, Europa y Japón (Bonilla; 2001), sobre mercados regionales, nuevos espacios para la venta de productos y servicios, con condiciones económicas y laborales favorables para la producción y el funcionamiento del capital.
En Colombia, la “Reestructuración del Estado” comenzó en los setenta con el desmonte de los subsidios y de medidas protectoras para la industria y el campo, se privatizaron empresas y las medidas de control a la inversión extranjera en el sector financiero disminuyeron. (Vargas; 1999) A esta nueva etapa de fortalecimiento del capitalismo se le denomina Globalización.
GLOBALIZACIÓN
Su dimensión capitalista nunca se admite [...],
no es compatible con toda a palabrería sobre la democracia.
(S. Amín).
Una definición sencilla advierte que el capitalismo es un proceso de transformación y subversión en los ámbitos políticos, ideológicos y económicos, con dominio del último sobre los primeros (Amín; 1999). En la actualidad, este determinismo económico se reafirma con los avances tecnológicos en vías y medios de comunicación, con los que se invaden y suplantan estructuras políticas, sociales e ideológicas en países, personas y conocimientos (Bonilla; 2001) antes ignorados y en los que los medios de comunicación reproducen la dependencia consumista encabezada por Estados Unidos.
En el siglo XX, Samír Amín (1999) ubica dos momentos claves para el capitalismo:
Hasta 1980, los Estados, en los países subdesarrollados sobre todo, regularon la economía; era pues una “Globalización controlada”, que con la crisis del modelo del Estado de Bienestar y el declive político de la Unión Soviética, deviene en una “Globalización fuera de control”, en la que el Estado fue reemplazado por la Comunidad Internacional.
Los nuevos espacios por los que avanza el capital, agrupan a poblaciones antes excluidas, combatidas o eliminadas, y que por no estar dentro del radio de sus intereses inmediatos, escapaban a su control: países del bloque socialista, indígenas, negros o mujeres. Para introducirse en ellos, el capital a través del Estado primero indica que son “grupos problema”, que deben ser estudiados e intervenidos –la Planificación-; una maniobra que Manuela Alvarez llama “de cooptación y reclutamiento”.2 (Álvarez; 2001: 272), y que opera a nivel de las representaciones subjetivas, mediante el acceso a la distinción.
Esta distinción es consecuencia del avance tecnológico que trabaja para el capital. Es una distinción homogeneizante que se “consume” en los dominios del mercado por individuos y colectividades, que ven en la “experiencia neocolonial del capitalismo”3 (mercado y conocimientos), la modificación de su posición históricamente subalterna. Es decir, que la dominación, se ha convertido no sólo en un derecho como tal reclamado, sino en un Derecho Fundamental del tipo de las Naciones Unidas, proporcionado y defendido por La Comunidad Internacional y legitimado ideológicamente por las políticas públicas nacionales.
DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Si el Estado necesita alivianarse para no entorpecer el mercado, las regiones deben ocuparse de sus asuntos.
La Descentralización, como mandato internacional (Convenio 169/89, Art. 29. num. 2), consiste en ceder o transferir a las divisiones políticas el manejo administrativo y fiscal de los derechos básicos: salud, educación y seguridad social; para lo que deben constituirse regiones (departamentos, municipios o ETIS) política y socialmente protagonistas y beneficiarias del sistema de mercado e información global que, alimentadas por la competitividad (descentralización administrativa y especialización comercial (Vargas; 1999)), puedan cargar con su autonomía. El Estado lo único que aún se reserva y centraliza es el manejo del orden público, porque de él depende la estabilidad de las inversiones extranjeras.
Las autonomías locales requieren también de conciencia sobre su condición política. Entonces, la Democracia Participativa difunde la idea de que “los ciudadanos” son actores políticos decisivos, con control sobre procesos que antes eran de manejo exclusivo del Estado.
Si se trata de indígenas, estos deben ser fortalecidos dentro de la estrategia; pero primero tienen que voltearlos a ver, luego reconocerlos, luego apoyarlos para que se constituyan políticamente —étnicamente—, aceptando que tienen capacidad para pensar y decidir qué es lo que quieren. Si los indígenas se autodefinen étnicamente y el Estado los reconoce como tales, se puede confiar en que refuercen su capacidad administrativa para que a mediano plazo reproduzcan solos el sistema, sin la participación explícita y posiblemente problemática de muchos.
Todo el proceso Neoliberal y Descentralizador de reconocimiento de autonomías locales indígenas, hace parte de la legislación nacional, que recoge el Convenio 169/89, en la ley 21 de 1991. El artículo 7 de esta Ley (o Convenio 169/89) nos indica porqué hoy es tan importante para todo pueblo indígena elaborar un plan de vida:
Parágrafo 1. Los pueblos interesados, deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos, deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (énfasis mío).
Parágrafo 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan.
Si en el cuerpo de este último convenio habita el capitalismo, en el Convenio 107/57 encontramos la política internacional correspondiente al Estado de Bienestar: Artículo 20, Convenio 107/57 correspondiente a Salud: “Los gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad adecuados, a disposición de las poblaciones en cuestión”.
Artículo 22, Convenio 107/57 correspondiente a Educación:
Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión, deberán adaptarse, en lo que se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de integración social, económica y cultural en la colectividad nacional, [proceso previamente avalado por estudios etnológicos].
En contraste, el artículo 25, Convenio 169/89, dice:
Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados, servicios de salud adecuados, o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios, bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental, [de otra forma no hubiera sido posible construir el Hospital Mama Dominga].
Y el artículo 27, sobre Educación:
Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados, deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
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