Sustentando el anterior análisis se encontraba una concepción que hacía necesario considerar las definiciones de la nueva Constitución respecto de los indígenas en el marco más amplio de las condiciones de participación creciente de Colombia dentro del sistema mundial, en especial aquellas derivadas de las peculiaridades del desarrollo capitalista en los últimos tiempos y que se han venido denominando con el término de globalización.
De otro modo, no se veía posible explicar la flagrante contradicción que parecía darse entre ese “reconocimiento, respeto y protección de lo diverso y lo local” y una política general como la del gobierno del presidente Gaviria, basada en la apertura y la internacionalización del país en todos sus órdenes, en especial e inicialmente en la economía.
En mi idea, los desarrollos de la situación mundial y la creciente inserción del país en ella obligaban a replantear la significación de las demandas que los indígenas venían sosteniendo desde 1971 y de las formas como la Constitución del 91 decía concederlas. Lo cual, por consiguiente, ponía a la orden del día la urgencia de una reelaboración de tales demandas, modificando sustancialmente los aspectos programáticos que habían venido guiando al movimiento y, por supuesto, exigía idear nuevas estrategias de lucha.
Empero, nada de esto ha ocurrido y las sociedades indígenas siguen haciendo parte de este marco, sin comprender que están en medio del juego de los intereses contradictorios de las grandes potencias capitalistas del mundo y de las empresas internacionales, confrontación de la cual, por supuesto, están obteniendo algunos beneficios a corto y mediano plazo, pero que revertirán con creces en su contra a largo plazo, cuando los lazos que los van atando paulatinamente a esos intereses estén consolidados.
POLÍTICA, AUTONOMÍA Y CULTURA A FINALES DEL SIGLO XX
[Ponencia para el I Seminario Nacional sobre “Jurisdicción especial indígena y autonomía territorial”. Popayán, marzo de 1997. Publicada en Varios autores: “Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas” —La jurisdicción especial indígena—. Defensoría del Pueblo-Consejo Regional Indígena del Cauca/CRIC-Ministerio del Interior, Dirección General de Asuntos Indígenas, Bogotá, 1997, p. 321-326.]
En mi criterio, la situación actual del mundo, que algunos llaman globalización y que incluso nos presentan a veces como una nueva época en la historia de la humanidad, marca la necesidad de mirar de una manera diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora la problemática de las sociedades indígenas en el país, sus reivindicaciones y sus logros.
No pienso que nos encontremos de verdad en una nueva época. Considero, sí, que se están alcanzando en este período, en especial después de la desaparición del sistema socialista mundial, ciertos rasgos, algunas peculiaridades en el desarrollo del sistema capitalista que, incluso, fueron avizoradas ya desde mediados del siglo pasado por el marxismo. Una de ellas es su consolidación como el sistema económico social predominante en todo el mundo. Otra es la acentuación de la tendencia de ese sistema a la homogeneización. Sin embargo, considero que en este momento se trata de una homogeneización selectiva y parcial, y no de una totalizante que busque transformar a todo el mundo bajo un mismo patrón, en un mismo tipo de sociedad, en una misma clase de forma de vida.
En las actuales circunstancias, el énfasis tiene lugar en lo fundamental en la homogeneización económica a través de procesos de producción de tipo transnacional, por medio de la división social del trabajo con asignación de tareas particulares a cada nación, con procesos de especialización en los cuales cada país recibe un papel específico dentro del sistema global, y también, como algunos lo han anotado ya, con la mundialización del mercado, que convierte en mercancías todos los recursos de los pueblos del mundo, materiales o no, que sean comercializables y explotables, y que inserta en el mercado a todos esos pueblos, así ellos no lo quieran.
En ese sentido, tal homogeneización no choca necesariamente con otros campos de la vida social, no obliga a homogeneizarlos también. Puede ser compatible con la diversidad, con la pluralidad en otros aspectos; puede permitir cierta autonomía en áreas no directamente económicas. Si el sistema económico capitalista imperialista logra poner a marchar en su dirección y en su interés al mundo entero, no le importa que en otros campos de la vida el mundo sea diverso, que haya pluriculturalidad, que haya —y se mantengan— una diversidad y una autonomía étnicas (nacionalitarias) y culturales.
Así, las identidades y las autonomías de carácter nacional y regional, siempre y cuando no se ejerzan en el plano económico, empiezan a perder importancia, a disminuir el peso que tuvieron hasta hace poco y que incluso llevó, y no solamente a los pueblos indígenas sino también a otros pueblos del mundo, a luchar por la defensa de esas identidades, de esas autonomías, de las soberanías nacionales. Asistimos cada vez más a una situación en la cual las naciones del mundo marchan bajo la batuta de organizaciones internacionales y transnacionales en distintos campos, condicionadas además por convenios internacionales y de empresas que trascienden esas identidades, pero que a la vez las emplean en su beneficio, sometiendo a sus propios pueblos a moverse en esa dirección.
En ese marco interpreto los cambios que ocurren con el paulatino reconocimiento de las peculiaridades y de algunos derechos de los pueblos, entre ellos los indígenas, tanto en el plano internacional como en el nacional. En esa medida, los logros que se han venido alcanzando presentan un doble carácter, son armas de doble filo. Así, por ejemplo, lo que se consiguió en la Constitución del 91. A mi manera de ver, esta Constitución, al tiempo que reconoció a los indígenas un conjunto de derechos en los campos de lo jurídico —como la jurisdicción especial—, de las culturas, de las autoridades propias, de las lenguas y aun de lo territorial, marcó un camino de integración, de internacionalización, al no reconocer la pluralidad y la diversidad económica.
Cuando se elaboran planes de desarrollo en Colombia, y con el más reciente hubo la oportunidad de apreciarlo con nitidez, aparece claramente que estos no se orientan hacia el pluralismo, hacia la diversidad económica, y que, por lo tanto, para los indígenas se hace necesario resistir, dar la pelea para evitar la imposición y lograr algunos mínimos reconocimientos en ese campo. Es bien sabido que en la primera versión de ese plan se establecía de manera explícita que en Colombia habría una sola línea de desarrollo económico, aunque los pueblos indígenas podrían adecuarla a sus peculiaridades culturales. Y eso hubo que pelearlo y se consiguió sobre el papel que se aceptaran algunos pequeños espacios de diversidad como, por ejemplo, los planes de vida de los pueblos indígenas. Pero aun así, tales planes siguen hoy, para poder ser aceptados y recibir un respaldo presupuestal, el camino de su transformación y concretización en proyectos que están determinados por parámetros que son los mismos para todo el país e, incluso, para un nivel global, pues los fijan organismos de ese campo de acción, como el Banco Mundial. De tal manera, esos planes de vida van siendo alineados con la estrategia de desarrollo que fija el gobierno, que ni siquiera es la de un desarrollo colombiano, sino una de carácter internacional, ajustada a los intereses del capitalismo mundial, como ocurre con la de apertura e internacionalización de la economía que se sigue desde el gobierno del presidente Gaviria.
A través de distintos argumentos —la defensa y ampliación de la democracia y de los derechos humanos, la lucha contra el hambre, las condiciones de vida de la mujer, etc.—, los organismos internacionales adquieren cada vez más injerencia en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las regiones, pese a que se mantienen y consolidan las autonomías y las identidades nacionales y regionales. A través de las empresas transnacionales, a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —que son una estrategia fundamental para el dominio del mundo en la actualidad, para ejercer las contradicciones todavía existentes en el seno del capitalismo y practicar la competencia entre los distintos grupos por alcanzar predominio dentro de él—, se dan esos hilos que aúnan en un solo camino mundial y global lo que ocurre en cada país, en cada región, en cada sociedad indígena.
Por supuesto, esto abre un marco —como aquí he anotado— de reconocimiento internacional de los pueblos indígenas. Es de interés de estos grupos enormes, de estas grandes empresas, de este sistema económico global reconocer y apoyar autonomías a granel, que implican, en su manera de tratar con las naciones y los pueblos, una atomización de los mismos, que les permiten tratar con cada nación y no con bloques de ellas, con cada pueblo y no con cada nación en su conjunto. En el caso concreto de los pueblos indígenas, esto fortalece en un primer momento sus intereses; consolida su capacidad de negociación en las naciones en que se encuentran; vigoriza con apoyos y ayudas económicas sus proyectos de vida; potencia muchas de sus actividades y amplía sus autonomías frente a los estados nacionales con los cuales tienen que tratar.
Pero ya se empiezan a avizorar las señales de lo que está por venir, de cómo las grandes empresas transnacionales negocian directamente o por intermedio de sus agentes, como las Organizaciones No Gubernamentales, con gentes de esos pueblos o sus autoridades propias autónomas, como ocurrió hace poco con el pueblo awa en el Ecuador y con indígenas amazónicos. Los awa vendieron a una ONG los derechos de uso de los recursos de su territorio por una exigua cantidad de dinero. Indígenas de la amazonía, según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, entregaron a varias ONG el derecho de patentar el yagé y la sangre de drago. Entonces, es claro que el reconocimiento de las autonomías, en especial en el campo internacional, es un arma de doble filo.
Sabemos lo que pasó y continúa pasando en Colombia con el proyecto de Genoma Humano, cuyos agentes —como la Expedición Humana de la Universidad Javeriana— lo tramitan directamente con las comunidades, que lo reciben en ejercicio de su autonomía, pero sin tener la información necesaria y suficiente para juzgar sus implicaciones. Y esto va a continuar creciendo. Como ya se ha dicho aquí, los pueblos indígenas, y no solamente de Colombia sino del mundo, poseen en sus territorios gran parte de la biodiversidad que en este momento constituye un foco fundamental de interés para el avance capitalista. Constituye una de las principales fuentes de recursos con los cuales este sistema económico aspira a continuar creciendo y desarrollándose, y que, en consecuencia, quiere asimilar y apropiar.
Allí se incluyen en forma creciente los elementos culturales de las sociedades indígenas, los saberes de los sabios tradicionales, de los curanderos, de los artesanos, que han desarrollado a lo largo de siglos los conocimientos y las técnicas para el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad. Pues muchas veces ya no es importante el recurso en sí mismo, sino el saber, el conocimiento sobre su uso, y este es cada vez más objeto de apropiación privada y explotación comercial. Los convenios internacionales de los cuales es signatario el país aseguran el acceso directo a ellos, posibilitan su apropiación y el patentamiento de su uso a nivel internacional, con derecho a la exclusividad.
Esto, entonces, además de relativizar la importancia, el peso de determinadas formas de autonomía que hasta hace ocho o diez años eran todavía fundamentales, plantea otro problema: el del papel de la cultura en ese campo, y no solamente el de la cultura de las sociedades indígenas, sino el de nuestra propia cultura colombiana. Existe en determinadas ocasiones, y así se ha planteado en este foro, una contradicción entre cultura y política; y ciertos sectores de las organizaciones indígenas, en especial la ONIC, consideran que ese conflicto debe resolverse en favor de la política porque, dicen, darle el peso fundamental a la cultura sería “culturalismo”, lo cual sería negativo, dividiría a las organizaciones y a las sociedades indígenas, restándoles fuerza. Y con esos criterios se manejan problemas, como el conflicto de los embera-chamí de Risaralda, que se ha mencionado aquí, pero también las dificultades de organización de los wayúu en la Guajira, así como el tratamiento que en la actualidad algunas organizaciones indígenas, especialmente cabildos, dan a los sabios tradicionales, como ocurre en ciertas zonas embera con los jaibaná.
En mi criterio, esa dicotomía irreductible que se plantea entre política y cultura no corresponde a la actual situación de mundialización económica capitalista, en la cual la cultura se ha vuelto un objeto fundamental de apropiación y explotación esencial para el desarrollo de ese sistema y para su consolidación en el mundo, y en cuyas circunstancias, la cultura, la lucha por la cultura y el papel de la cultura adquieren nuevas perspectivas, nuevo peso. Quizá exagerando un poco para confrontar la posición que he criticado, yo diría que, en las nuevas condiciones de dominación del capitalismo en el globo, la lucha por la cultura es un problema directamente político; que sin apoyarse en la cultura, la lucha política no tiene posibilidades de garantizar una verdadera autonomía y una real sobrevivencia de los pueblos, y no solo de los pueblos indígenas, sino de los pueblos del mundo, entre ellos el colombiano.
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