Sin embargo, sería erróneo considerar que tales políticas no han variado con el transcurso de estos largos y penosos siglos transcurridos bajo la dominación. Como toda política, también las de los indígenas se han modificado al ir cambiando las circunstancias que deben enfrentar, presentando en ocasiones transformaciones considerables.
Para el caso de los indígenas del Cauca, en especial para los nasa, denominados hasta no hace mucho tiempo paeces, es posible encontrar diversas muestras de ello. Así ocurre cuando, en 1860 y 1861, Tomás Cipriano de Mosquera encabeza la guerra civil, una más, para derrocar la hegemonía conservadora de Mariano Ospina Rodríguez, quien aspira a imponer como su sucesor en la presidencia a Julio Arboleda, su aliado caucano, “señor de Popayán, terrateniente, minero, esclavista, político y también militar como el propio Mosquera” (Bonilla 1977: 21).
Entre los contendores de turno, los indígenas paeces de Pitayó y Jambaló ven su principal enemigo en Arboleda, quien se había apoderado directamente de las tierras de su resguardo. De modo que resuelven unirse a las huestes de Mosquera, prestando en ellas “valiosos servicios”. Esta alianza política da sus frutos para los paeces cuando Mosquera, una vez derrocado Ospina en julio de 1861, expide el siguiente poco conocido Decreto:
Decreto del 30 de enero de 1863, que concede ciertos terrenos a los indígenas de Pitayó y Jambaló.
Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de los Estados Unidos de Colombia y supremo director de la guerra etc.
Considerando:
1º Que los indígenas de Pitayó y Jambaló, en el Estado Soberano del Cauca, han prestado servicios importantes a la causa durante la lucha que acaba de pasar.
2º Que el Gobierno ha dispuesto se recompense, especialmente, los servicios de las tropas caucanas y tolimenses que principiaron la campaña que terminó el 18 de julio de 1861.
3º Que los indígenas de Pitayó y Jambaló nunca reconocieron al señor Julio Arboleda como propietario de las tierras que dicho señor compró a los señores Mariano Tejada y Raimundo Angulo, porque los expresados indígenas tampoco reconocieron en éstos el derecho de esas tierras, sosteniendo siempre el que creen tener a ellas.
4º Que cualesquiera que sea el origen de la propiedad sobre esas tierras, debiendo responder Julio Arboleda a la nación por los muchos males que ha causado, y habiendo servido con tantas constancias y provecho a la causa federal los indígenas de Pitayó y Jambaló, que han dispuesto de antemano la propiedad de las tierras de que se trata.
Decreta:
Art. 1º Exprópianse por cuenta de la Nación las tierras ubicadas entre Pitayó y Jambaló y que el señor Julio Arboleda compró a los señores Mariano Tejada y Raimundo Angulo.
Art. 2º El Gobernador del Estado Soberano del Cauca dispondrá la mensura de dichas tierras y su división por lotes iguales, teniendo a la vista una relación nominal de los indígenas de Pitayó y Jambaló, para que le toque a cada uno un lote, al cual tienen también derecho las familias de los que hayan muerto en servicio activo o después.
Art. 3º Los agraciados por el presente Decreto y la primera generación que los suceda no podrán enajenar, ceder ni traspasar sus derechos, para que subsistan de su trabajo con independencia.
...............................
Art. 5º Los gastos que se causen por lo dispuesto en este Decreto serán a cargo del Gobierno General.
Dado en Rionegro, a 30 de enero de 1863. Tomás Cipriano de Mosquera. El Secretario de Guerra y Marina, Andrés Cerón -El Secretario de Hacienda, Julián Trujillo -El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, José María Rojas Garrido (Citado en Roldán 1974: 21-23).
De este decreto es posible extraer algunas conclusiones. La más importante de ellas es la plena prueba de que en una fecha tan tardía como 1863 los paeces continuaban reivindicando la propiedad de las tierras de Jambaló y que jamás habían reconocido a otros tal propiedad. Ésta es, en consecuencia, más ratificada que realmente otorgada por medio del Decreto de Mosquera.
También nos muestra la existencia de una política páez encaminada a la defensa y recuperación de sus tierras de resguardo, la cual les permite hacer claros análisis de las fuerzas en pugna en el campo colombiano y realizar alianzas políticas con uno u otro sector de ellas para conseguir sus propias metas. Es así como la alianza con Mosquera en contra de Arboleda les devuelve las tierras apropiadas por este último.
Pero una cosa es que Mosquera responda a las condiciones de esta alianza concreta y otra sería pensar que es un amigo y defensor de los indios. Al contrario, el mismo Decreto establece que las tierras les sean entregadas en forma individual, pudiendo ser enajenadas después de dos generaciones. Se trata pues, a no muy largo plazo, de integrar a los paeces destruyendo su “comunidad” basada en la propiedad comunal de la tierra a través del resguardo. Además, es bien conocido que Mosquera era también un gran terrateniente, que poseía haciendas en tierras arrebatadas a otros indígenas, como es el caso de Coconuco, al oriente de Popayán, que fue un sitio central en las celebraciones del Centenario de su muerte.
Hoy, más de 100 años después del Decreto de 1863, los paeces de Jambaló continúan en fiera lucha por la defensa de sus tierras, en un país donde se glorifica la memoria de los poderosos del pasado y se continúa negando el derecho a la existencia de los humildes y echando sus nombres al olvido. Mientras se recuerda a Mosquera con gran pompa, nadie recuerda a los paeces muertos en defensa de su causa ni a los que mueren aún por el “delito” de trabajar las tierras otorgadas por Mosquera.
Una comparación entre la historia de las luchas que adelantó Manuel Quintín Lame a comienzos del siglo XX en el Cauca y aquellas de algunas décadas después en el Tolima también hace posible constatar la existencia de una política indígena nasa y de los cambios que ocurren en ella, como lo mostré al analizar el pensamiento de este indio que “bajó de las montañas al valle de la civilización”.
QUINTÍN LAME Y SU PENSAMIENTO DE LIBERACIÓN INDÍGENA
[Publicado en Vita-cora. Revista de Estudiantes de Ciencias Política, Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Colombia, Año 1, No. 2, Bogotá, 1997, p. 335-338]
Hace algún tiempo, Jesús Piñacué, indígena páez y dirigente de la Alianza Social Indígena, después de terminar una conferencia, respondía a quien lo interrogaba sobre Manuel Quintín Lame como guerrero: “¿Cuál guerrero y cuál guerra? Un montón de indios armados de machetes, palos y caucheras no fue una guerra”. Esta visión meramente militarista del movimiento que encabezó Quintín Lame en el Cauca a comienzos del siglo, la Quintinada, esta negación del pensamiento de lucha del exterrajero de San Isidro, explica muchos de los sucesos y desarrollos posteriores de la movilización indígena en el Cauca de hoy, y en especial aquellos relacionados con el “Movimiento Armado Quintín Lame”.
En mi concepto, las ideas con las que Manuel Quintín fundamentó y orientó sus acciones constituían claramente los cimientos de un pensamiento de liberación indígena y ellas dieron a la lucha que dirigió un carácter embrionario de movimiento de liberación, cuya estrategia estaba orientada hacia la recuperación de la autonomía territorial, económica, política y cultural de las sociedades indias que vivían en Colombia; desafortunadamente las circunstancias que lo rodearon, su caudillismo y las traiciones de las que fue objeto no permitieron que se desenvolviera ni se concretara, lo cual no puede ser obstáculo para rescatar su legado.
Un movimiento de tal naturaleza no necesariamente se desarrolla sobre la base de una ausencia total de autonomía política; antes bien, esta o, mejor, lo que queda de ella es el punto de apoyo de la sociedad sometida para tratar de recuperar el control de su territorio mediante la expulsión de los invasores, la destrucción de sus asentamientos, el bloqueo a la obtención de recursos, etc. Así fue con el movimiento que encabezó Manuel Quintín Lame, en especial durante el período en que su lucha se desarrolló en territorio caucano, pues al final de su vida, mientras vivía ya en el Tolima, su orientación varió substancialmente.
Cuando este movimiento comenzó, hacia la segunda década del siglo XX, su principal objetivo lo constituía la recuperación del control de los terrajeros indígenas (indios despojados de su tierra que cultivaban parcelas dentro de las haciendas, debiendo pagar arriendo por ellas en forma de días de trabajo gratuito para el patrón) sobre sus tierras, eliminando el terraje que pesaba sobre ellos y, con él, el dominio económico, político, social y cultural de los grandes hacendados. Manuel Quintín Lame no aceptaba que si sus antepasados habían vivido y trabajado en estas tierras durante siglos, ahora tuvieran que pagar con su trabajo gratuito para poder vivir en ellas.
Trabajando, luchando y pensando con las comunidades, Quintín Lame llegó a definir los conceptos de “usurpación” e “invasión” para caracterizar la situación en que se encontraban desde la Colonia los indios de la región en relación con la tierra, encontrando su raíz en el vencimiento y la conquista; pero fue más allá, al desenmascarar el papel de las leyes en esta usurpación: “las leyes eran el fundamento de la injusticia”, por consiguiente eran “leyes subversivas”. De esta manera y con tal concepción sentó las bases para deslegitimar entre su gente el control que los terratenientes blancos ejercían sobre los indios y las tierras. Por ello, “una columna formada por indígenas se levantará el día de mañana para reivindicar sus derechos... Y el día llegará cuando el indio colombiano recuperará su trono”.
En su pensamiento consideraba que todas las tierras de América pertenecían a los indios por haber vivido en ellas desde siempre, por haberlas ocupado y trabajado en la interminable sucesión de las generaciones. Los españoles no eran de aquí, eran venideros que arrebataron las tierras por la fuerza, por lo cual no tenían derechos. Aun desde el propio punto de vista de los blancos, Quintín Lame veía a toda América, las Indias, como la llamaba, como un inmenso baldío al cual los indígenas tenían derecho; por lo tanto, no había ninguna razón para que pagaran terraje: “Sólo los indios somos los verdaderos dueños de esta tierra de Colombia, porque toda América es baldía”. Estaban, pues, en su derecho de organizarse y luchar para recuperar su autonomía sobre la tierra.
Al mismo tiempo, retomando una idea profundamente extendida en el mundo indígena americano, consideraba que ya era tiempo de que la situación se invirtiera, de que el mundo se diera la vuelta y comenzara una nueva edad. En esta concepción está la idea de liberación, aunque no esté exenta de la influencia de ideas “blancas”, pues habla de indios colombianos, y piensa aún en la permanencia del terraje, pero ahora para que sean los blancos los terrajeros: “así rescatará la raza indígena sus derechos en Colombia y quedará el blanco de arrendatario del indígena”.
Con el desarrollo de su actividad, su idea de que el indio “recuperará su trono” se afianzó hasta conformar la orientación básica de su lucha: expulsar a los blancos de los territorios de los indígenas. Así lo comprendieron los terratenientes y políticos blancos del Cauca, quienes entendían que la idea fundamental de Quintín Lame era que América era para los aborígenes y los blancos debían salir. Así lo veían, aunque el movimiento lamista no alcanzó finalmente esa dimensión real y concreta.
De ahí que en su accionar al frente de los indios, Quintín Lame tomara por asalto los pueblos de los blancos, destruyera sus haciendas, diera plazos a los pobladores no indios para abandonar ciertas zonas antes de una fecha fijada por él, etc.
Pero recuperar y hacer avanzar esa autonomía territorial implicaba ejercer también una autonomía política, para lo cual se hacía necesario que los indígenas se organizaran en un gobierno propio, que él llamó un “gobierno chiquito”, para enfrentarse con el gobierno grande de los blancos.
Mi gobierno chiquito —escribió Quintín Lame— se enfrentará al gobierno grande de los blancos, que nos han explotado y usurpado nuestras tierras... Hoy van a reventar los cañones de mi gobierno chiquito que estoy enfrentando al gobierno grande de los blancos.
De ahí la estrategia que siguió, buscando unificar las comunidades indígenas alrededor de una autoridad política central, constituida por él mismo en tanto que cacique general de todos los indios de Colombia, como efectivamente fue designado y reconocido por algunos cabildos del Cauca. El fortalecimiento de este movimiento unificado, planteaba, era la única opción para sacar a los blancos y permitir la autonomía política y territorial india a escala del Cauca, aunque su idea era extender posteriormente su gobierno a todos los indios del país.
Esta concepción fue retomada cuando a principios de los años veinte del siglo pasado José Gonzalo Sánchez, antiguo secretario de Quintín Lame, creó en el Tolima el Consejo Supremo de Indias, embrión de un gobierno indígena en Colombia, que comenzó por recuperar en forma de resguardos los territorios indios del Tolima, y creó y desarrolló una educación indígena en escuelas propias de los indios. Aunque este movimiento no se organizó teniendo como uno de sus componentes la forma armada, en los años treinta fue arrasado por orden de políticos y terratenientes, que acabaron hasta con las edificaciones de San Juan de Indias, la sede de ese gobierno.
Es importante apreciar la dinámica de desenvolvimiento del pensamiento y de la acción de Quintín Lame. En sus primeros comienzos buscaba mecanismos jurídicos para acabar con el terraje. Él mismo quiso comprar su parcela. La respuesta de su patrón: “Yo no voy a pedacear mi tierra, indio Quintín”, lo convenció de la necesidad de expulsar a los blancos por la fuerza y lo lanzó a la guerra.
En ese camino, él vio más allá de la organización y autoridad de los cabildos y quiso formar un gobierno superior, más alto, aunque con base en los cabildos y en las comunidades, por eso buscó que lo nombraran cacique general, retomando así una forma de gobierno precolombina y trascendiendo el cabildo introducido por los blancos.
Después de su derrota militar y de sus encarcelamientos, se fue al Tolima al recobrar la libertad. Se suele afirmar que en adelante trabajó con un criterio por completo legalista, pero esta apreciación no es del todo exacta. Cuando, bastantes años después, en 1939, escribe su libro Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas (1971), todavía plantea que no se puede creer ni en tribunales ni en jueces, porque todos están vendidos a los terratenientes y políticos blancos. Pero su táctica de lucha, la forma de conducirla sí se ha modificado. A su llegada al Tolima, y a diferencia de lo que sucedía en el Cauca, resguardos y cabildos casi habían desaparecido. Pensó entonces en avanzar recuperando primero estas instituciones que fueron creadas e introducidas por los blancos entre los indios, ideadas para dominarlos, pero convirtiéndolas en las bases del gobierno indio: resguardos y cabildos eran, pues, pasos hacia una posterior unificación, eso sí, dejando de lado la vía de la violencia.
Con el correr del tiempo y paso a paso regresó a su visión inicial, y su movimiento perdió su carácter de liberación para hacerse de nuevo un movimiento indígena de resistencia. Por ello retomó sus relaciones con los partidos políticos, con el presidente de la República, con los periódicos de los blancos e incluso pensó en hacer elegir candidatos indígenas al Congreso nacional para que allá defendieran leyes favorables para los suyos. En sus últimos años pensó la suerte de los indios como parte del sistema imperante en la sociedad colombiana, buscando justicia dentro de ella y un cambio en las mutuas relaciones.
Esto nos conduce a mirar al presente, al movimiento indígena de hoy en Colombia.
El movimiento indígena organizado, aunque hay diferencias entre sus principales vertientes a nivel nacional: Autoridades Indígenas de Colombia, Organización Nacional Indígena de Colombia y Movimiento Indígena Colombiano, se plantea claramente como un movimiento dentro del actual sistema social, económico y político de la sociedad colombiana, a cuya democratización quiere contribuir, y que pretende participar de la suerte y destino del país en forma cada vez menos desigual e injusta y a través de la especificidad propia de las comunidades y pueblos indígenas —aunque el movimiento de Autoridades Indígenas haya planteado en ocasiones una autonomía relativa en diversos campos de la vida social y territorial—. Su meta es transformar el sistema actual, pero no romperlo, con el fin de alcanzar un avance conjunto con otros sectores del pueblo colombiano y, como es cada vez más notorio, la acción dentro del Estado y sus instituciones se convierte día a día en el objetivo de tales intentos, en los cuales la negociación y la concertación han sustituido a la lucha que se venía librando en forma creciente hasta antes de la Asamblea Nacional Constituyente.
Es claro, en fin, que el movimiento indígena actual marcha por el camino tardío seguido por Quintín Lame en el Tolima en los últimos años anteriores a su muerte.
Pero también hay sectores importantes de algunos pueblos indios en lugares diversos de la geografía del país, en especial bastantes de aquellos que todavía son llamados con mucho de peyorativo “tradicionales” o, más aún, “indigenistas”, que manifiestan en su vida cotidiana, en algunas de sus reuniones o por la palabra de algunas de sus autoridades, formas de pensamiento de liberación indígena, aunque todavía en formas no completamente nítidas ni definidas, que posiblemente se afianzarán y consolidarán en el futuro.
|